El concepto de “totalitarismo” suele presentarse como una categoría política universal que describe a aquellos regímenes en los que el Estado pretende absorber la totalidad de la vida social, eliminando la autonomía individual y subordinando toda institución a un poder central omnímodo. Fue popularizado sobre todo en la Guerra Fría, con Hannah Arendt y Carl Friedrich como figuras centrales de su teorización, y suele utilizarse para agrupar experiencias históricas tan disímiles como el fascismo, el nazismo y el estalinismo dentro de una misma lógica común, marcada por la supresión de libertades, el control ideológico y la represión sistemática. Bajo esa óptica, el totalitarismo sería el polo opuesto de la democracia liberal, representando una suerte de “mal absoluto” en el que desaparece la pluralidad política y social, sustituida por un único centro de mando que anula toda diferencia.
Sin embargo, el término "totalitarismo" presenta múltiples problemas teóricos y prácticos. Su carácter excesivamente abarcador convierte la categoría en una abstracción que tiende a borrar las diferencias históricas y sociales entre fenómenos políticos de naturaleza distinta. Equiparar el nazismo —un proyecto genocida basado en el racismo biológico, la guerra imperialista y la destrucción de las organizaciones obreras— con el estalinismo —una deformación burocrática de un proceso revolucionario que, sin dejar de ser represivo, se insertaba en la construcción de un modelo económico distinto al capitalismo— no permite comprender sus especificidades ni las condiciones materiales que los hicieron posibles. El resultado es un término que funciona más como arma ideológica que como herramienta de análisis científico, pues coloca en el mismo saco cualquier régimen que no encaje en el molde de la democracia liberal occidental.
Este concepto suele estar cargado de un fuerte sesgo normativo. En lugar de describir objetivamente una forma de dominación política, opera como etiqueta condenatoria que bloquea el estudio de los mecanismos concretos de poder, de las estructuras económicas subyacentes y de las luchas sociales que atraviesan a esos regímenes. Así, la palabra “totalitarismo” funciona como un juicio moral absoluto —“estos regímenes son irracionales, monstruosos, inexplicables”— que evita indagar en la racionalidad histórica de cada experiencia, en sus contradicciones internas y en sus bases sociales. Esa estrategia es funcional al discurso liberal que se presenta a sí mismo como el único horizonte posible de libertad, al tiempo que invisibiliza la violencia estructural de sus propias instituciones.
La categoría encierra una paradoja: se construye sobre la idea de un poder absoluto e ilimitado del Estado sobre la sociedad, cuando en la práctica ningún régimen histórico ha alcanzado semejante grado de control total. Incluso en los casos más represivos siempre subsistieron resistencias, espacios de negociación, fisuras dentro de las élites y contradicciones entre aparatos estatales. La ilusión de un dominio absoluto sirve más a la retórica del enemigo externo que al análisis realista de cómo opera la dominación política. De este modo, lo totalitario acaba describiendo un ideal negativo más que una estructura verificable de poder.
Si se lo observa desde una perspectiva crítica, la utilidad del concepto de totalitarismo es limitada. Permite captar la pretensión discursiva de algunos regímenes de controlar la totalidad de la vida, pero no explica los mecanismos concretos de explotación, represión o movilización social que adoptan formas diversas según el contexto histórico. Al final, la categoría ha sido empleada sobre todo como herramienta ideológica para homologar experiencias incomparables, reducir el campo político a una dicotomía entre democracia liberal y barbarie, y ocultar las propias violencias sistémicas del orden capitalista. Un análisis riguroso requiere abandonar esa etiqueta globalizante y estudiar cada proceso histórico en su especificidad, con sus estructuras económicas, sus actores sociales y sus contradicciones internas.
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