La dificultad para que los partidos que afirman ser de izquierda conviertan a sus “votantes objetivo” en apoyo electoral efectivo no se entiende como un problema de comunicación aislado ni como una mera cuestión de estrategias de campaña. En términos marxianos, los partidos expresan, de manera más o menos deformada, intereses de fracciones de clase que operan en un campo de fuerzas donde pesan la estructura productiva, la organización real del trabajo, la forma del Estado y la hegemonía cultural que las clases propietarias difunden a través de sus aparatos. Cuando el mundo del trabajo se recompone de forma segmentada, cuando el aparato estatal y las restricciones de la reproducción del capital acotan los márgenes de maniobra, y cuando aquellas izquierdas se profesionalizan y se distancian de los centros vivos de la experiencia obrera y popular, la promesa de representación pierde verosimilitud. La incapacidad para convertir esa promesa en beneficios palpables para quienes viven de un salario o de ingresos precarios tiene, por tanto, raíces materiales y políticas, no un simple déficit de marketing.
La recomposición de la clase trabajadora bajo el capitalismo contemporáneo altera los mecanismos clásicos de agregación de preferencias electorales. La gran fábrica fordista y el sindicato por rama que ordenaban identidades, demandas y tiempos de lucha han cedido espacio a sectores atomizados, cadenas de subcontratación, servicios fragmentados, trabajo por aplicaciones, contratos temporales e informalidad. En ese paisaje, el votante objetivo deja de ser un colectivo fácilmente identificable para convertirse en mosaicos con horarios distintos, trayectorias laborales dispares y sociabilidades débiles. Las organizaciones tradicionales de la izquierda, nacidas para dialogar con núcleos concentrados de trabajadores, no hallan el mismo anclaje en oficinas dispersas, retail, call centers, logística justo-a-tiempo o plataformas digitales. La consecuencia es una distancia entre programa y experiencia cotidiana: el elector no percibe que la oferta partidaria toque el corazón de su reproducción material —tiempo, salario, precio de los bienes básicos, transporte, arriendo, cuidados— con la misma nitidez con que lo hacía cuando el sindicato, la asamblea y el barrio proveían marcos de acción estables.
La profesionalización de la política refuerza esa distancia. La izquierda adopta métodos de oficina parlamentaria, consultoras, encuestas y equipos de comunicación que privilegian el ciclo mediático sobre la construcción orgánica en centros de trabajo y territorios. Se forma una capa de cuadros con incentivos ligados a la carrera institucional, los pactos de comité y la administración de presupuestos públicos, que tiende a traducir las demandas populares al lenguaje de la gestión. Esa traducción borra la materialidad del conflicto y transforma la lucha por el salario, la vivienda o la jornada en promesas legislativas cuya implementación depende de negociaciones opacas. La percepción que se instala es que el partido habla desde arriba, administra expedientes y apela a la ética pública, mientras la inseguridad del ingreso, el precio del pan o el hacinamiento siguen su curso. La cultura política se vuelve pedante para el que madruga, y el voto se retrae hacia la abstención o migra hacia opciones que, con respuestas simples, prometen orden, trabajo y control de precios, aun cuando esas promesas se sustenten en fantasías punitivas o en salidas autoritarias.
La economía política del Estado capitalista añade un obstáculo adicional. Incluso con programas redistributivos, las administraciones de izquierda operan bajo las mismas reglas de valorización: disciplina fiscal, poder de los acreedores, bancos centrales autónomos respecto de presiones salariales, apertura comercial y riesgos de fuga de capitales. El capital invierte cuando espera ganancia, y ese poder de chantaje silencioso condiciona políticas laborales, tributarias y de gasto. Al asumir el gobierno, la izquierda enfrenta crisis de expectativas si no logra mostrar con rapidez resultados tangibles en empleo, salario real y servicios públicos. La memoria de episodios inflacionarios o de promesas que desembocaron en ajustes instala en muchos trabajadores el cálculo defensivo: mejor conservar el puesto, el crédito y el precio estable que arriesgarse a aventuras que terminan en contracción y cesantía. Sin un diseño macroeconómico capaz de blindar el poder de compra del salario, sostener la inversión productiva, ordenar los precios de bienes esenciales y dar señales de previsibilidad, el discurso igualitarista se percibe como aspiración bienintencionada con costos inmediatos para quienes menos margen tienen.
La crisis de mediaciones sociales profundiza el problema. La densidad sindical, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las mutuales y cooperativas que tejían lealtades políticas disminuyen, mientras crecen instituciones con lógicas asistenciales y ONG que reemplazan organización por proyectos. Allí donde no hay vida asociativa robusta, las identidades políticas se forman en medios concentrados y redes sociales, donde el trabajo ocupa un lugar secundario frente a temas que polarizan y desordenan el eje de clase en sentido económico. El resultado es una escena donde la derecha populista interpela con relatos de comunidad, orden y castigo al delito, asociando malestar material con chivos expiatorios cotidianos —migración, delincuencia, burocracia—, y la izquierda responde con un léxico técnico, moral o jurídico que no ofrece al obrero del turno de noche respuestas operativas sobre su barrio, su contrato y su microeconomía doméstica.
La cuestión territorial también pesa. El comando, las universidades y los ministerios se ubican en metrópolis con servicios avanzados y mercados laborales más calificados, mientras la periferia productiva vive cierre de plantas, monocultivos extractivos, transporte caro y servicios de baja calidad. La izquierda que se nutre de profesionales urbanos tiende a priorizar agendas que, aunque legítimas, aparecen desajustadas con la urgencia de las localidades: el trabajador del cordón logístico que paga caro el pasaje no se siente interpelado por un debate abstracto sobre innovación, y el temporero que alquila una pieza no percibe su vida reflejada cuando escucha mensajes centrados en audiencias de clase media ilustrada. La geografía de la representación se descompasa de la geografía del trabajo y del hábitat, y en ese desajuste el voto se evapora.
En el plano programático se observan tensiones entre universalismo y focalización, que afectan la credibilidad ante los sectores populares. La focalización promete eficiencia, aunque llega con estigmas, trámites y cortes abruptos; el universalismo construye derechos más sólidos, aunque exige reformas tributarias que despiertan campañas del capital y temores de carga impositiva en capas asalariadas cercanas a la pequeña propiedad. Sin una arquitectura clara que muestre de inmediato beneficios netos —boletas de servicios más baratas, arriendos regulados, salario mínimo que cubra la canasta, listas de espera que efectivamente bajan—, la ciudadanía interpreta que pagará hoy para recibir mañana, mientras ve a rentistas y grandes firmas mantener ventajas. La transferencia visible al bolsillo del trabajador debe adelantarse a la recaudación visible del fisco, de lo contrario el intercambio político luce desfavorable.
Importa también la consistencia entre discurso y conducta. Los sermones sobre probidad, los compromisos con la transparencia y la promesa de servir a los de abajo pierden fuerza con cada caso de nepotismo, cada licitación opaca o cada puerta giratoria hacia consultoras y gremios empresariales. El mundo popular es sensible a la desigualdad de trato; cuando percibe privilegios en quienes se dicen representantes, castiga retirándose a la abstención o probando otras alternativas. La izquierda no fracasa por hablar de ética pública; fracasa cuando la ética queda como forma y no como práctica que toca nombramientos, compras, lobby y sanciones ejemplares.
En la dimensión cultural, la elaboración de sentido que proponen las clases dominantes opera con una maquinaria que atraviesa escuela, prensa, entretenimiento y redes, promoviendo ideas de competencia individual, ascenso por mérito y sospecha ante la organización colectiva. Marx y Engels ya habían observado que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante; esa constatación se vuelve palpable cuando la aspiración a “lograr cosas por esfuerzo propio” compite con la promesa de derechos sociales. La izquierda tropieza cuando contrapone una moralización abstracta en vez de articular relatos de orgullo del trabajo, dignidad salarial y protección común frente al poder empresarial y la especulación. La retórica que no se ancla en prácticas colectivas —comités de vivienda, asesoría jurídico-laboral en terreno, ordenamiento efectivo de ferias y transporte— queda flotando como discurso bienpensante.
La forma electoral amplifica estas grietas. Sistemas mayoritarios empujan a moderaciones que diluyen las diferencias, sistemas proporcionales dispersan la oferta hasta volver confuso el menú, primarias y umbrales incentivan pactos que mezclan agendas incompatibles. El votante percibe a la izquierda discutiendo consigo misma, atrapada entre fracciones con prioridades diferentes —asalariados del sector público, trabajadores privados, pequeños propietarios agobiados por deudas, juventud urbana precaria—; cualquier resolución del programa deja a segmentos con la sensación de concesión insuficiente. Sin un principio ordenador que parta de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la defensa del salario real, la frazada de retazos se deshace en campaña y en gobierno.
Cuando se observa el conjunto, emerge una conclusión. La izquierda pierde a sus votantes objetivo cuando deja de ser una forma de vida organizada y se convierte en etiqueta electoral; cuando su presencia en fábricas, hospitales, escuelas, barrios y cadenas logísticas es episódica; cuando su macroeconomía no protege el salario de la inflación ni enfrenta la puja de precios en bienes esenciales; cuando su ética pública resulta más retórica que práctica; cuando su lenguaje técnico corre por carriles distintos a la experiencia obrera; cuando confunde causas valiosas con agendas que no ordenan prioridades desde la vida material de quienes viven de un ingreso inestable e incierto. La salida no se reduce a mejores spots ni a ingenierías de segmentación. Requiere recomponer organización de base, acumular victorias inmediatas en salario, vivienda y servicios, diseñar un régimen económico que aísle el bienestar popular de la amenaza permanente del capital, y articular un imaginario de patria del trabajo donde la seguridad cotidiana, el orgullo de oficio y la igualdad no compitan entre sí. Lo que se vota, al final, no es un eslogan: se vota una experiencia de protección y mejora concreta, sostenida en el tiempo y capaz de resistir las contramarchas del ciclo económico. Sin eso, el votante objetivo seguirá siendo un rótulo académico que no entra a la urna.
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