Las clases sociales favorecidas y perjudicadas después de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile 2025

El día de elecciones siempre se vende como épico. Gráficos en colores, conductores emocionados narrando en tiempo real el destino de un país. Pareciera que todo se decide ahí, en esos minutos donde una cifra supera a otra por algunos puntos. Sin embargo, detrás de cada porcentaje hay algo más duro que los eslóganes y más estable que las encuestas: hay clases sociales que protegen su poder, otras que intentan defenderse como pueden, y muchas que votan desde el miedo, la esperanza o la rabia sin disponer de un proyecto propio. Las elecciones del 16 de noviembre de 2025 en Chile, con primera vuelta presidencial y renovación del Congreso, ofrecen una radiografía muy clara de esa arquitectura de clases, aunque casi nadie la llame por su nombre.

Quién manda, quién administra y quién vota con rabia

Para ordenar el panorama conviene usar una tipología de clases sencilla pero útil. Por un lado, están las clases dominantes en sentido económico: el gran capital industrial, minero, forestal, agroexportador, financiero, mercantil e inmobiliario; quienes controlan empresas, bancos, cadenas de retail, holdings y altos patrimonios. Junto a ellas aparece una fracción muy importante de capas medias altas: gerentes, altos ejecutivos, profesionales bien remunerados en el sector privado, estudios de abogados, consultoras, que viven de su salario pero comparten intereses materiales con el gran capital, porque se benefician de sus ganancias, de su estabilidad y de su red de contactos.

Más abajo se ubica la clase trabajadora asalariada en un sentido amplio: desde el obrero minero, el trabajador portuario y el obrero forestal hasta la cajera de supermercado, el repartidor de aplicaciones, la trabajadora de aseo, el técnico paramédico, los profesores y funcionarias públicas. Todas estas personas venden su fuerza de trabajo para vivir. Dentro de ese mundo hay sectores más protegidos (empleo formal, contratos relativamente estables) y sectores precarios (subcontratación, informalidad, jornadas fragmentadas, sueldos variables).

Entre ambas zonas aparece la pequeña burguesía: pequeños comerciantes, dueños de negocios familiares, microempresarios, trabajadores por cuenta propia que aspiran a “no tener jefe”. Y se agregan las capas medias asalariadas que no son ricas, pero tampoco pobres: profesionales del sector público, técnicos, empleados administrativos, que viven de su sueldo, temen descender socialmente y se ven bombardeados por discursos sobre meritocracia, esfuerzo individual y “orden”.

Por último, se encuentra la población marginada, sectores que no logran una inserción estable en el mercado laboral: personas desempleadas crónicas, habitantes de campamentos, economías de sobrevivencia, vínculos frágiles o inexistentes con el sistema de derechos sociales. Todos estos sectores que no viven del control sobre capital sino de vender su trabajo (o de sobrevivir como pueden cuando ni siquiera eso es posible( forman parte de las clases dominadas, aunque internamente estén fragmentadas, divididas y con ideologías muy distintas entre sí.

Cuando se observan estos resultados electorales de 2025, aparece con claridad una estructura de bloques políticos. La coalición que se presenta como centroizquierda o “progresista” gobierna el Ejecutivo y concentra la mayor bancada de diputados y senadores, pero dentro de los márgenes del orden capitalista vigente, sin propuestas de ruptura con la gran propiedad privada ni con la arquitectura económica heredada. Frente a ella coexisten una derecha tradicional empresarial y una derecha radical con discurso nacionalista, mano dura y nostalgia autoritaria. A su alrededor flota un populismo intermedio, como el Partido de la Gente, que capitaliza el cansancio y la rabia de sectores populares y la pequeña burguesía sin plantear una transformación estructural, más bien una promesa de “que manden los ciudadanos comunes” administrando el mismo modelo.

El punto central es que todos los bloques con fuerza parlamentaria y peso presidencial aceptan como suelo intocable la gran propiedad privada del capital y el tipo de Estado que la protege. Discuten tasas de impuestos, ritmos de reforma, estilo retórico, pero ninguno se propone expropiar a los grandes conglomerados ni entregar el control de la producción y los servicios esenciales a la clase trabajadora organizada.

Clases dominantes: un triunfo sin sobresalto

Si se observa el nuevo Congreso en su conjunto (sumando la coalición gobernante, la derecha tradicional, la derecha radical y el populismo “anti élite”), las clases dominantes obtienen un resultado cómodo. El gran capital no necesita un solo partido, porque su fuerza reside en que todos los bloques principales reconocen su poder como algo natural. Las bancadas de derecha representan de forma directa a la gran empresa, a los grupos económicos, al capital agrario y forestal del sur, al capital minero y al capital inmobiliario. Su discurso de “seguridad”, “orden”, rebaja de impuestos y flexibilización laboral responde sin ambigüedad a los intereses de quienes viven de la explotación de la clase trabajadora.

Sin embargo, la coalición que se presenta como progresista y que concentra la mayoría relativa de diputados y senadores también cumple un papel funcional para las clases dominantes. Administra el Estado con un lenguaje de derechos, participación y justicia social, mientras mantiene incólume la estructura básica de propiedad y la lógica de acumulación. En la práctica, el gran capital se siente cómodo con un gobierno que combina cierta regulación moderada, reformas graduales y respeto estricto a la estabilidad macroeconómica, aunque reniegue del tono ideológico de la derecha más agresiva. Puede enfrentarse a algunos impuestos adicionales, pero gana previsibilidad, acceso institucional privilegiado y un horizonte de negocios seguro.

A corto plazo, el resultado de estas elecciones entrega a las clases dominantes tres garantías importantes. Primero, el bloqueo parlamentario a cualquier intento de transformación profunda: la correlación de fuerzas en Senado y Cámara impide reformas estructurales que toquen la propiedad sobre recursos naturales, el sistema financiero, las AFP o las grandes concesiones privadas sin acuerdos amplios con partidos que dependen electoralmente de esas mismas estructuras económicas. Segundo, la consolidación de una derecha radical con influencia fuerte, que permite desplazar el eje de la conversación hacia posiciones más conservadoras y autoritarias, presionando al conjunto del sistema político hacia respuestas de “mano dura” frente a la protesta, la migración o el conflicto social. Tercero, la canalización del malestar popular hacia alternativas fragmentarias, personalistas o anti institucionales, que dificultan la construcción de un proyecto colectivo de la clase trabajadora. En el mediano plazo, esta situación ofrece al gran capital un escenario todavía más ventajoso. La disputa entre una izquierda institucional adaptada al orden y una derecha tradicional o radical permite al empresariado moverse con libertad entre alianzas, apoyando en cada momento al bloque que mejor proteja su posición, sin que ninguna fuerza con peso masivo cuestione en serio la relación capital-trabajo. De este modo, el resultado electoral consolida a las clases dominantes como bloque hegemónico en el Estado, aunque internamente existan roces entre fracciones exportadoras, financieras, comerciales y de servicios.

Clase trabajadora y sectores populares: entre la ilusión, el miedo y la fragmentación

La clase trabajadora, entendida como el conjunto de quienes viven de vender su fuerza de trabajo, aparece distribuida entre todas las candidaturas y coaliciones. En los barrios populares del norte minero, una porción importante se inclinó por la opción populista que encarna Franco Parisi, expresando descreimiento hacia los partidos tradicionales y buscando una salida individualizada a problemas colectivos: deudas, bajos salarios, colapso de la salud, falta de vivienda. El voto aquí no surge de una adhesión programática coherente, sino del intento de castigar al sistema político sin romper con él.

En la Región Metropolitana y en Valparaíso, donde se concentra gran parte de la clase trabajadora urbana, el triunfo de la candidatura oficialista y la alta votación de su coalición parlamentaria se apoya en trabajadores que esperan mejoras graduales: salarios mínimos algo más altos, políticas de protección social, regulaciones ambientales, defensa de ciertos derechos civiles. Es un apoyo que mezcla esperanza y resignación: se percibe que ese bloque no cuestiona las bases del capitalismo chileno, pero se lo ve como un mal menor frente a la derecha histórica y la nueva derecha radical.

En el centro-sur agrario y forestal, una fracción considerable de trabajadores rurales, campesinos empobrecidos y sectores urbanos pequeños optó por la candidatura de Kast y por las listas de derecha y ultraderecha. Allí el peso del latifundio moderno, el complejo forestal y la cultura conservadora se hace sentir con fuerza. Muchos trabajadores que viven de un salario votan por quienes defienden a los grandes patrones, en parte por miedo a la delincuencia, en parte por identidad religiosa o nacionalista, en parte por rechazo a un progresismo urbano percibido como ajeno y distante.

A corto plazo, la clase trabajadora enfrenta un escenario contradictorio. Si la coalición oficialista mantiene el control del Ejecutivo, algunos sectores pueden lograr avances puntuales: reajustes del salario mínimo, programas sociales, políticas de vivienda, regulaciones sectoriales. Esas medidas alivian las condiciones de vida, pero no alteran la relación de subordinación. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la derecha radical y el peso de los partidos de orden dentro del propio bloque gobernante aumentan la probabilidad de respuestas represivas frente a movilizaciones laborales y sociales, con leyes de seguridad reforzadas y un discurso que criminaliza la protesta cuando afecta la “normalidad” económica.

Si se impusiera un gobierno alineado con la derecha más dura, las condiciones se vuelven más drásticas: debilitamiento de la negociación colectiva, intentos de reducir derechos laborales, ofensivas contra sindicatos combativos, políticas de “tolerancia cero” contra manifestaciones. En ambos escenarios, una parte decisiva de la clase trabajadora queda sometida a la lógica de “aguantar y sobrevivir” en un mercado laboral precarizado, hiper endeudado y atravesado por la inseguridad cotidiana, mientras el Parlamento actúa como cámara de administración del modelo.

En el mediano plazo, esta combinación de frustración y fragmentación puede derivar en dos tendencias complementarias. Por un lado, crece la desafección: sectores populares que dejan de votar o que votan de manera errática, alternando entre opciones populistas, reaccionarias o progresistas sin construir memoria política propia. Por otro lado, se abre la posibilidad de reagrupamientos parciales de trabajadores en torno a luchas concretas (salarios, pensiones, vivienda, medio ambiente), que choquen una y otra vez con el muro institucional. La pregunta decisiva es si esas luchas logran articularse en un proyecto de clase, o si quedan encapsuladas en conflictos sectoriales que el sistema político administra mediante concesiones mínimas y mucha represión.

Capas medias, pequeña burguesía y el voto del miedo al descenso

Las capas medias asalariadas y la pequeña burguesía juegan un papel clave en estas elecciones. Profesionales, técnicos, empleados públicos, funcionarios municipales, docentes, junto a comerciantes, pequeños empresarios y trabajadores independientes, concentran una parte significativa del voto tanto para la coalición oficialista como para la derecha tradicional y el Partido de la Gente. Su motivación principal no es la emancipación de la clase trabajadora, sino la protección de su posición intermedia: no caer en la pobreza, no perder el pequeño negocio, no ver deteriorarse aún más los servicios que utilizan.

Muchos profesionales del sector público y del mundo de la educación, la salud y la cultura optan por la coalición de gobierno, esperando que un Estado relativamente más activo asegure financiamiento, cierta protección institucional y un lenguaje de reconocimiento simbólico. A la vez, las políticas de orden y seguridad que ese mismo bloque impulsa, con apoyo transversal, responden también a la demanda de estas capas por “tranquilidad” y control del espacio urbano.

En la pequeña burguesía comercial y de servicios, el voto se fragmenta. Una parte se inclina por la derecha tradicional, que promete menos regulaciones, impuestos más amigables y defensa explícita de la propiedad. Otra parte se vuelca hacia el Partido de la Gente, que canaliza el resentimiento contra élites políticas y económicas, pero que no plantea una redistribución real del poder económico, más bien una rotación de rostros en los puestos de mando.

A corto plazo, estas capas intermedias logran cierto grado de protección: el sistema político gira en torno a sus temores y demandas, se habla sin cesar de “clase media” como sujeto a cuidar, se proponen subsidios focalizados, créditos preferenciales, programas de apoyo a pymes. Esa atención, sin embargo, se paga con la profundización de la precariedad en la base trabajadora y con la consolidación de la estructura de clase que hace posible esos privilegios relativos.

En el mediano plazo, las capas medias corren el riesgo de vivir una lenta erosión de su posición. Entre inflación, deuda, encarecimiento de la vivienda y deterioro de servicios públicos, el “estatus” que hoy intentan resguardar puede volverse cada vez más frágil. Ese proceso suele generar giros políticos abruptos: de un progresismo de derechos a una demanda autoritaria de orden, o desde un voto oficialista a un salto hacia opciones anti política. El resultado de 2025 ya prefigura ese movimiento pendular, con una fuerte presencia de fuerzas que combinan discurso ciudadano con programas de continuidad del modelo.

Territorio, estructura productiva y voto: norte minero, centro urbano, sur agrario

Si se cruzan los resultados por región con la estructura productiva, emergen con bastante claridad las alianzas de clase que se expresan en el voto. En el norte minero, donde la extracción de cobre y otros minerales genera riqueza gigantesca que termina en manos de grandes empresas nacionales y transnacionales, el apoyo masivo a una candidatura populista empresarial indica un malestar profundo con los partidos tradicionales, pero no una ruptura con la lógica del extractivismo. Trabajadores mineros bien pagados, subcontratados precarios, población migrante en condiciones vulnerables y pequeños negocios urbanos convergen en un voto “anti élite” que no cuestiona el control privado sobre el recurso central de la región.

En el eje Valparaíso-Región Metropolitana, donde se concentra el sector servicios, la administración pública, la industria cultural, el comercio y una amplia franja de trabajo precarizado, la candidatura oficialista se impone. Ahí confluyen trabajadores asalariados, capas medias progresistas y sectores populares que temen un giro autoritario abierto. Al mismo tiempo, la derecha y la ultraderecha retienen espacios importantes en comunas de altos ingresos, donde viven fracciones decisivas de la clase dominante y de las capas medias altas que organizan su vida en torno a colegios privados, clínicas, barrios cerrados y altos niveles de consumo.

En el centro-sur agrario y forestal, el dominio del voto conservador revela la fuerza del capital agroexportador y del complejo forestal: grandes propietarios, empresas madereras, agroindustria, con una base de trabajadores rurales y poblaciones urbanas pequeñas donde pesan la tradición religiosa, la cultura de orden y el temor al conflicto social. El conflicto histórico en territorio mapuche se vuelve un laboratorio de políticas de seguridad, donde se ensayan discursos y prácticas que luego buscan extenderse al resto del país.

Este mapa no solo muestra quién gana en cada región, sino qué tipo de economía y qué fracciones de clase consiguen que sus intereses se vuelvan “sentido común” para millones de personas que no se benefician realmente con ellos.

Corto y mediano plazo: estabilización del modelo y profundización de la crisis de representación

Pensando en el corto plazo, el resultado de estas elecciones entrega un sistema político donde ningún bloque tiene mayoría absoluta, pero todos comparten el marco de un capitalismo altamente concentrado. La coalición gobernante depende para aprobar leyes de acuerdos con sectores de derecha y con el Partido de la Gente, lo que obliga a moderar cualquier reforma que incomode demasiado al gran capital. La derecha radical, fortalecida, actúa como polo de presión para endurecer la agenda de seguridad y orden, con fuerte apoyo mediático y empresarial.

Para las clases dominantes, esto equivale a un seguro contra sorpresas: el gobierno estará obligado a negociar, el Parlamento funcionará como filtro y el aparato de seguridad del Estado se mantendrá robusto, con respaldo transversal cuando se trate de controlar protestas, huelgas o estallidos sociales. A lo sumo, se enfrentará a impuestos marginalmente más altos o a ajustes regulatorio-ambientales, que pueden incluso adaptarse a los planes de inversión de largo plazo si se los incorpora gradualmente.

Para la clase trabajadora y los sectores populares, el corto plazo combina posibles alivios puntuales (aumento del salario mínimo, ampliación de programas sociales, mejoras acotadas en pensiones o vivienda) con una continuidad brutal de las condiciones estructurales: explotación del trabajo, endeudamiento masivo para acceder a educación, salud o vivienda, precariedad laboral, inseguridad territorial, criminalización selectiva de la pobreza. Nada en la correlación de fuerzas parlamentaria indica que el trabajo organizado vaya a adquirir un poder político estable; al contrario, las señales apuntan a una mayor presión por “normalizar” la conflictividad mediante leyes más duras, mientras se otorgan concesiones parciales destinados a administrar el malestar.

En el mediano plazo, este cuadro tiene tres consecuencias probables. Primero, una profundización de la crisis de representación: amplios sectores de la población perciben que cambian los gobiernos, pero la estructura de poder económico permanece intacta, lo que alimenta cinismo, abstención o saltos hacia opciones más autoritarias. Segundo, un reacomodo dentro de las propias clases dominantes, donde las fracciones más ligadas a la especulación financiera, al negocio inmobiliario y a tecnologías de punta compiten con el capital extractivo y agroexportador por orientar la agenda del Estado, mediante su influencia en todos los bloques políticos relevantes. Tercero, la posibilidad siempre abierta de irrupciones sociales que desborden el marco institucional, cuando las promesas de estabilidad y bienestar no se cumplen y el costo de la vida y la precariedad laboral se vuelven insoportables para millones.

Lo que muestran estas elecciones no es un enfrentamiento entre un proyecto de emancipación de la clase trabajadora y un proyecto de dominación burguesa, sino un reordenamiento de equipos de administración del mismo orden capitalista, con matices ideológicos distintos y con grados diferentes de agresividad y cinismo. Las clases dominantes resultan aseguradas, las capas medias intentan salvar su posición y la clase trabajadora sigue sin una representación política propia, organizada desde sus intereses y su experiencia cotidiana.

Mientras esto persista, cada elección seguirá combinando esperanza, miedo y resignación en proporciones distintas, pero el guion central permanecerá: la riqueza social generada por el trabajo se concentra en manos de quienes controlan el capital, y el Estado se reconfigura una y otra vez para garantizar que esa estructura no se altere de fondo, aunque cambien las caras, los discursos y los colores de la noche electoral.